viernes, febrero 17, 2017

La secretaría de Salud deberá devolver más de mil 200 millones a la Federación



A más de mil 248 millones de pesos asciende el desfalco que la Auditoría Superior de la Federación detectó en la Secretaría de Salud tan sólo en el ejercicio 2015, año en el que Guerrero fue gobernador de enero a octubre por Rogelio Ortega y de Octubre a diciembre por la actual administración.
De acuerdo con el reporte de la Auditoría que se hizo público el pasado miércoles, en esta secretaría se consideran recuperaciones probables, mil 248 millones 47 mil 200 pesos, mismos que la Secretaría de Salud o quienes fueron responsables de la ejecución de estos recursos tienen que devolver a la federación, por no haberlos usado en las acciones específicas para las que se etiquetaron.
De acuerdo con el documento que es público en la página de la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de Salud Guerrero se le asignaron recursos por el orden de los tres mil 654 millones 894 mil 800 pesos, de estos se tomó una muestra auditable de tres mil 196 millones 196 mil 940 pesos, que equivale a un 87 por ciento del total ejercido en esta institución.
En el caso del a Secretaría de Salud, la revisión del uso y manejo de los recursos se realizó de manera coordinada entre la Auditoría Federal y la Auditoría General del Estado de Guerrero y encontraron que tan sólo por el concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se retuvo a los trabajadores y no se entregó al Sistema de Administración tributaria se acumula un daño a la hacienda estatal por 532 millones 722 mil 800 pesos.
La Auditoría Federal corroboró que en la Secretaría de Salud se tiene personal cobrando salario sin que se le encuentre físicamente, es decir aviadores que en el 2015 le costaron al estado 353 millones 563 mil 200 pesos, mientras que en personal considerado eventual que no tiene un contrato se erogaron de forma irregular 235 millones 341 mil 500 pesos.
 Otros 86 millones de pesos se observaron a la Secretaría de Salud por las cuotas que no entregó al Sistema de Ahorro para el Retiro, algo que daña directamente a los trabajadores pues llegado el momento no podrán reclamar sus pensiones, estos recursos debieron entregarse al SAR-FOVISSSTE.
Asimismo 12 millones 765 mil pesos se exige la devolución por haberse pagado a personal que no acredita tener el perfil para la plaza que está devengando, es decir, personal administrativo que cobra con plazas de médico o enfermeras, 19 millones 667 mil 600 pesos se observaron cómo préstamos a otros fondos y programas que se encuentran pendientes de devengar.
En la lista de observaciones  se incluyen 4 millones 70 mil pesos por pago de facturas que no corresponden al fondo, 1 millón 436 mil 500 pesos por pagos al personal posteriores a la baja, otro millón 17 mil 100 miles de pesos por pagos de actualizaciones e intereses de las cuotas del ISSSTE y 597 mil de pesos por pagos en exceso en el concepto Día de las Madres.
Y por si fuera poco las irregularidades existentes en la dependencia se localizaron 66 millones 984 mil 300 pesos por concepto de recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015.
El reporte señala que al día de la publicación de este informe se tienen pendientes de solventar 5 observaciones y se generaron dos Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, y una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones.
Esto significa que dos temas serán turnados al Sistema de Administración Tributaria para que se ejerciten las acciones pertinentes que permitan recuperar los recursos que no se entregaron oportunamente, en otro caso la Auditoría pedirá a los órganos internos que se apliquen sanciones a los responsables de ejercer los recursos y finalmente por los cuatro pliegos de observación se inicia el procedimiento para fincar responsabilidad resarcitorias a servidores públicos o particulares.
Para recuperar los más de mil millones de pesos, el gobierno federal podría emitir un crédito fiscal cuyo cobro efectúa la autoridad competente mediante procedimiento administrativo de ejecución, es decir que la Secretaría de Hacienda deberá retener los recursos federales del año 2017 para garantizar el pago de lo que se malversó en el 2015 por los funcionarios que designaron en sus temporalidades los gobernadores en funciones respectivamente”. (Por Abel Miranda Ayala)

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