miércoles, marzo 29, 2017

Recomienda ONU-DDHH apostar a ciudadanizar los cuerpos policiacos



La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DDHH) consideró que lejos de darse una militarización en el país con la Ley de Seguridad Interior, debe apostársele a ciudadanizar los cuerpos policiacos para abatir la criminalidad.
El representante adjunto de ONU-DDHH, Jesús Peña Palacios, acudió a al foro "Derechos Humanos y seguridad: Una falsa dicotomía, en donde se refirió a la Recomendación 26-2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual indica que se abrieron 532 expedientes de queja por desaparición forzada de personas durante la década de los 70’s y principios de los 80’s.
Tras el análisis de los expedientes, la CNDH concluyó que en 275 casos las personas fueron víctimas de una detención, interrogatorio y una posible desaparición forzada, realizada por funcionarios públicos de diversas instancias gubernamentales, incluidos efectivos militares.
Dijo que "se traspasaron los límites de la legalidad” en esos casos y destacó que más de la mitad de las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido contra México, se refieren a casos ocurridos en Guerrero en los que hubo participación de efectivos militares.
Expuso que entre 2006 y 2015 la CNDH recibió más de 10 mil denuncias contra efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y más de 2 mil contra actos realizados por la Secretaría de Marina (Semar).
Por lo que consideró necesario que se realice un debate en el estado de Guerrero sobre la propuesta de Ley de Seguridad Interior, la cual pretende facultar a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública.
El representante adjunto de la ONU-DDHH lamentó que en Guerrero y con esos antecedentes se consienta que los militares sigan en las calles con la excusa de la debilidad de las fuerzas estatales y municipales, "en lugar de invertir en políticas de seguridad ciudadana. La posibilidad de utilizar las fuerzas armadas ha actuado como un desincentivo para promover el cambio, para la salida del paradigma militar”, aseguró.
Y cuestionó que las fuerzas militares han adoptado tareas de seguridad que incumben exclusivamente a las autoridades civiles, lo que ha preocupado a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Y argumentó que si se consolida la Ley de seguridad interior, las autoridades harían a un lado la profesionalización de las instituciones civiles, así como su fortalecimiento en recursos técnicos, humanos y financieros que permitan el paulatino regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles.
Peña Palacios sostuvo que debe preocupar que se apruebe la Ley en comento como se encuentra porque desde una perspectiva de derechos humanos, se asocia a regímenes autoritarios.
En ese sentido, propuso promover un enfoque de seguridad ciudadana, lo cual supone una transición hacia un modelo muy distinto del que hoy está puesto en la mesa”. (NOTYMAS).

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